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da sentença condenatória e, como tal, não é coberta por preclusão. 2. AÇÃO
PENAL. Delitos contra o sistema financeiro nacional. Crimes ditos
societários. Tipos previstos nos arts. 21, § único, e 22, caput, da Lei
7.492.86. Denúncia genérica. Peça que omite a descrição de
comportamentos típicos e sua atribuição a autor individualizado, na
qualidade de administrador de empresas. Inadmissibilidade. Imputação às
pessoas jurídicas. Caso de responsabilidade penal objetiva. Inépcia
reconhecida. Processo anulado a partir da denúncia, inclusive. HC
concedido para esse fim. Extensão da ordem ao co-réu. Inteligência do art.
5º, incs. XLV e XLVI, da CF, dos arts. 13, 18, 20 e 26 do CP e 25 da Lei
7.492.86. Aplicação do art. 41 do CPP. Votos vencidos. No caso de crime
contra o sistema financeiro nacional ou de outro dito "crime societário", é
inepta a denúncia genérica, que omite descrição de comportamento típico e
sua atribuição a autor individualizado, na condição de diretor ou
administrador de empresa" (HC 83301.RS, 1ª Turma, Rel. Min. Cézar
Peluso, DJU de 06.08.2004). Na mesma linha no plano doutrinário tem-se:
"En lo relativo a la responsabilidad jurídica de la empresa como tal, deben
distinguirse diversos niveles. Así, en lo relativo a la responsabilidad civil,
no hay duda de que la empresa es sujeto idóneo de la misma, incluso de la
responsabilidad civil derivada de delito, en los términos de los artículos 21
y 22 CP. Otro tanto sucede con la responsabilidad en el ámbito del Derecho
administrativo sancionador, a pesar de que ya en este punto há comenzado a
suscitarse una importante discusión. Cuando ya entramos concretamente em
materia de responsabilidad penal, la doctrina ampliamente mayoritaria en
España se caracteriza por adoptar dos principios aparentemente
contrapuestos. Por un lado, de conformidd con la tradición continental
europea, acogida también en nuestra jurisprudência y, según parece, en el
Código penal, estima que las agrupaciones de personas, aun cuando gocen
de personalidad jurídica, no pueden ser sujetos activos de delito. En otras
palabras, acepta el principio societas delinquere non potest. Ello significa
que de los delitos cometidos en el ámbito de una empresa, sólo responden
penalmente las personas individuales a las que puedan imputárseles, y en la
medida en que puedan imputárseles, mientras que la corporación en sí, no
puede ser sometida a ninguna pena criminal. Sin embargo, por otro lado, la
misma doctrina dominante en España parece apreciar la existencia de una
necesidad político-criminal de sancionar directamente a las agrupaciones o
colectivos de personas, es decir, a la empresa en cuanto a tal, en caso de
cometerse um delito en su ámbito. Se estima, en efecto, que tales sanciones
colectivas constituyen um medio imprescindible para combatir la
criminalidad de empresa. La coexistencia de estas dos premisas ha
producido diversos intentos, bien de hacer prevalecer una sobre otra, bien
de hacerlas compatibles. En el primer sentido, puede destacarse la
propuesta que parte de entender que el contenido tradicional de las
categorias de la teoría del delito, que constituye el obstáculo fundamental
para considerar a lãs personas jurídicas como autores criminales, es el
reflejo de una visión retributiva del delito. Ello la haría inutilizable en la
actualidad, en que resulta patente la necesidad de orientar el sistema a los